jueves, 28 de diciembre de 2017

Alegaciones TXIRPIAL a consultas cable submarino GATIKA-FRANCIA


Asunto: Anuncio por el que se somete al trámite de consulta pública el proyecto denominado «Interconexión eléctrica submarina España-Francia por el Golfo de Bizkaia» promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE).


A LA DEPENDENCIA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BIZKAIA, 


_______________________________en nombre propio y en representación de la Asociación TXIRPIAL, de Educación ambiental y guías de la Naturaleza, inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con el número ___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________________Bilbao, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:


El 10 de octubre de 2017 se ha publicado en el BOB Núm. 194 “Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por el que se somete al trámite de consulta pública el proyecto denominado «Interconexión eléctrica submarina España-Francia por el Golfo de Bizkaia» promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE), en relación a la cual y en plazo legal procedo a formular las siguientes ALEGACIONES y MANIFESTACIONES:


PREVIA.- Producción centralizada o descentralizada.- 

Anterior a cualquier fase de consultas de un proyecto de estas características debiera haber existido un debate previo sobre qué modelo energético pretendemos, centralizado y dependiente de red o descentralizado y autónomo.

El debate fundamental a cualquier proyecto de superredes e interconexiones eléctricas debiera ser si realmente sirven para cubrir las necesidades eléctricas regionales/locales y si su elevado coste es asumible y necesario en momentos de caída de la demanda/crisis e imparable revolución de la generación distribuida y la acumulación eléctrica.

Las superredes e interconexiones eléctricas fomentan la dependencia energética y la concentración de los puntos de generación; concentran la propiedad en manos del gran oligopolio eléctrico, son muy caras, causan grandes daños ambientales, pérdidas en el transporte e inseguridad de suministro al proceder de muy lejos; sustituyen la participación multitudinaria descentralizada por la manipulación energética de capital y los tecnócratas.

Un nuevo modelo energético, solidario y justo sólo puede nacer de la producción descentralizada, de una verdadera generación distribuida, la naturaleza nos regala viento y sol, facilita el autoconsumo, la generación eléctrica a pequeña y mediana escala, que abastezca las necesidades propias y cercanas, reduciendo el consumo mediante una mayor eficiencia y la eliminación de pérdidas en el transporte, mermando los costes energéticos. 

El camino hacia la soberanía energética exige otro modelo económico y una nueva concepción social de la energía.

Dice Hermann Scheer en “El imperativo energÉTICO” (Editorial Icaria, 2011) que “la revolución tecnológica del suministro energético, que conduce al relevo de las energías convencionales, solo puede desarrollarse a través de numerosas iniciativas independientes en muchos lugares diferentes y no a través de una planificación ejecutada de forma tecnocrática por élites políticas y económicas que organicen el proceso gradualmente en el tiempo y el espacio”.

Por eso, tras el debate previo entre crecimiento desenfrenado y ahorro, es urgente debatir la apertura de la generación energética hacía un mercado más competitivo, de menor tamaño y, con ello, hacia abrir un mayor espacio a la iniciativa privada a pequeña y mediana escala, con programas municipales para establecer planes dirigidos a alcanzar autonomía energética con renovables (sol, viento, biomasa, geotermia, eficiencia, etc.).

Contra la pobreza energética no se lucha con la “caridad”, hay que reducir el despilfarro, bajar costes y precios, potenciar, no dificultar, el “autoconsumo”, que es tender a que cada uno genere parte o toda la electricidad que consuma, propiciando, al tiempo, el “balance neto”, permitir que la energía que no se consuma en el momento se vierta a la red de distribución -pública, por supuesto- para consumirla cuando se necesite; lo contrario es legislar para bancos y grandes empresas eléctricas. 

Salvo España, ningún país de la Unión Europea penaliza esto y, si desapareciesen los gravámenes, impedimentos legales y trabas burocráticas al autoconsumo, éste se generalizaría, pues la tecnología fotovoltaica y minieólica han abaratado mucho sus costes. 

No sólo casas individuales, sino naves y pabellones industriales podrían utilizar sus tejados o alquilarlos; ello supondría una gran revolución aquí y, en especial, en los países en vías de desarrollo al permitir que cualquier persona en el último rincón del mundo acceda al bien básico que es la energía.

En el almacenaje, la madurez tecnológica facilita la acumulación -véase el ejemplo del vehículo eléctrico y su carga en casa por la noche- mediante baterías de ión-litio transportables, lo que obliga a preguntarse el por qué de su prohibición, pues el almacenaje de la energía sobrante para usarla cuando se necesite, abarata costes y reduce la sobredemanda. 

Una reflexión final. “La raíz del problema de la pobreza energética se encuentra en la concepción mercantilista de la electricidad como medio de acumulación. Se trata de la conversión en mercancía de un bien hoy indispensable para el normal desarrollo de la vida cotidiana en nuestras sociedades”. Sebastià Riutort Isern. “Energía para la democracia”. Catarata.


PRIMERA.- Falta de necesidad de la instalación.-

Las superredes son vendidas como un sistema inteligente capaz de gestionar la energía, para que, cuando falte en un lugar, pueda llevarse desde otro; una idea de solidaridad que cualquiera puede defender, pero no se dice que con las actuales interconexiones europeas es bastante para disponer de vías de trasvase de electricidad renovable descentralizada de una ciudad o región a otra.

Se trata de crear una amplia red de líneas de altísima tensión para los megaproyectos energéticos que atraviese todo el continente, innecesaria para fomentar una sociedad basada en la electricidad renovable 100%.

Al contrario, la interconexión submarina con Francia sería un medio para intercambiar la electricidad nuclear francesa, como lo evidencia que el cable submarino directamente conecte con una nuclear, al tiempo que con las térmicas y ciclos combinados españolas, y sirva para impulsar nuevas centrales nucleares en el norte de África, como quiere Francia.


SEGUNDA.- Contexto de la conexión submarina con Francia.- 

Actualmente, la red de alta tensión en corriente continua más larga está en China y tiene 2.000 km., no habiendo experiencia en tenderla a profundidades marinas de más de 1.000 m. y es inimaginable el coste para el paisaje cuando atraviesen los Pirineos, los Alpes,... por citar sólo algunas montañas emblemáticas.

La interconexión mediante grandes autopistas eléctricas, las llamadas superredes, está unida a dos proyectos de aprovechamiento gigantesco de las energías renovables: el Desertec y el Seatec. 

El proyecto Desertec, cuyos costes se estiman en 400.000 millones de euros, constituye el mayor proyecto de inversión de la historia económica del mundo y está basado en centrales termosolares de aire para suministrar un 15 % de la electricidad europea con centrales termosolares de bajo coste situadas en el desierto sahariano, una tecnología que ya se utiliza en la mayor central termosolar en construcción: el proyecto Shams 1, de Abu Dhabi, con 100 MW de potencia, que paga por los terrenos ocupados costes de transmisión apreciables.

Por ello, lejos de la promesa de producir electricidad a un coste de 5-6 céntimos de euro por kilovatio hora, el reembolso necesario para garantizar la amortización es de 0,30 euros por kilovatio hora (se ha bajado a 25 céntimos en el segundo proyecto terminado) durante un periodo de 25 años con el operador de la red eléctrica. 

Son reembolsos por kilovatio hora superiores a los huertos solares en Alemania. 

No es creíble que un proyecto que precisa 40 años de ejecución y que implica a decenas de gobiernos y empresas sea fácilmente viable, cuando no mucho más caro que lo actual, como se ve abiertamente en estos grandes proyectos.

El proyecto Seatec, consiste en la idea de aerogeneradores instalados en el mar (eólica offshore); un enorme banco de molinos de viento plantados en el mar del Norte, capaz de ofrecer suministro eléctrico de Europa. Esta tecnología está triunfando, porque al resultar más cara que la de los parques eólicos terrestres, se convierten en un campo preferencial para grandes inversores, que argumentan no tener que vencer las resistencias vecinales de la eólica terrestre. Este mega-proyecto energético en realidad lo que consigue es secuestrar el dinero público para que no revierta en la ciudadanía como inversora.


TERCERA.- Proyectos carísimos que no abaratan la electricidad ni son necesarios para las renovables.-

Para un proyecto de superred, que implica una nueva inversión por un importe de decenas de miles de millones de euros, la condición previa política mínima es una ayuda pública de financiación de la UE y/o de los países de tránsito; si los gobiernos satisfacen tal condición, se pierden las inversiones descentralizadas de muchos inversores a favor de los grandes lobis financieros.

Los grandes proyectos energéticos en realidad lo que consiguen es secuestrar el dinero público para que no revierta en la ciudadanía, alimentando, sin duda, el atraso en el cambio energético, amén de convertirse en fosa multimillonaria del erario público.

Mientras se pongan garantías financieras o dinero público en estos megaproyectos, las renovables seguirán sin poder ocupar el papel al que son llamadas como nuevo paradigma energético basado en la descentralización y el aprovechamiento local de los recursos energéticos, con eficiencia y gestión eficaz.

De momento el cable submarino cuesta 1.750 millones de euros, que salen en parte de fondos europeos, por lo que la rentabilidad de dicha inversión, de momento, ya está saliendo muy cara al erario público.

Alvaro Nadal, decía en El País, 28-11-2017: “Debemos tener un escenario en función de los niveles de interconexión. El objetivo es llegar al 10% de interconexión (el paquete de invierno lo eleva al 15%) y ahora apenas tenemos el 3%, que, con la conexión submarina con Burdeos, pasará a menos del 6%. Hoy tenemos un sobrecoste respecto al resto de Europa de 1.200 millones por no tener interconexiones. Si las tuviéramos, la factura sería entre un 4% y un 7% más barata”.

Así, el ministro de industria vende la necesidad de la interconexión para abaratar el coste de la electricidad, lo que no es cierto, pues es tan cara porque en España existe un exceso de producción que no puede consumirse sin interconexión; primero han construido instalaciones de generación eléctrica que superan las necesidades de la población y la industria,… y ahora buscan solución a cualquier precio. La justificación del proyecto diciendo que es para «aumentar los intercambios de energía con Francia por el País Vasco» porque son necesarios para las energías renovables y bajar el precio de la luz, es en realidad una gran falacia. 

“Si tienen las térmicas de gas por las que apostaron a principios de este siglo como la gran revolución energética para España, funcionando residualmente, lo que quieren hacer ahora es sacar (y cobrar) los megavatios de esas centrales a Francia. Por lo tanto, que nos quieran vender esa nueva línea de alta tensión como la «autopista eléctrica» necesaria para las renovables y para bajar el precio de la luz, precisamente quienes no apuestan por las renovables y nos suben el precio de la luz en interés de las grandes eléctricas, tiene bemoles". Mikel Otero, Dani Maeztu. "Güeñes-Itsaso, Alta Tensión y Gran Negocio”, GARA 09-05-2017, http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-05-09/hemeroteca_articles/guenes-itsaso-alta-tension-y-gran-negocio


CUARTA.- Consultas y participación ciudadana. El Convenio de Aarhus.- 

La campaña de presentación y consultas de este proyecto de conexión submarina son meros actos de propaganda que se pretenden colar como participación. Las consultas y participación política ciudadana no se reducen a acudir a un acto con canapés, sino en abrir el debate fundamental sobre si estos proyectos son o no necesarios, el modelo energético que realmente queremos,...

El Convenio de Aarhus obliga a la participación ciudadana desde el inicio de los expedientes, cuando todas las opciones son aún posibles, incluida la alternativa 0, o incluso previamente, durante la deseable planificación energética y territorial.

La tramitación de este proyecto incumple de forma radical el Convenio de Aarhus o la Convención para el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, desarrollado, entre otras, por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, todo ello ratificado por España y transpuesto a nuestro ordenamiento en la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Siendo el Convenio de Aarhus y toda las normas que lo trasponen y desarrollan normativa fundamental de obligado cumplimiento por todos los miembros de la UE, tiene como principal finalidad proteger con eficacia el derecho a la información de los ciudadanos, su participación en la elaboración y aprobación de planes, normas y programas con contenido y repercusión ambiental y, en caso de que no fuera posible el correcto ejercicio de los dos derechos de información y participación, el acceso fácil y barato, gratuito incluso, a la Justicia.

Efectivamente, es objeto fundamental del Convenio de Aarhus, “contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar (…)”, con la formidable intención expresa de, nada menos, “fortalecer la democracia en la región”, fijando, a tal fin, que el concepto “información sobre el medio ambiente” se refiere (art. 2.3, apdo. a del Convenio) al “estado de los elementos del medio ambiente tales como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los sitios naturales, (…), y la interacción entre todos estos elementos”, así como, en el ámbito concreto que aquí nos afecta, (apdo. b del mismo artículo) a “(…) las medidas administrativas, (…), las políticas, leyes, planes y programas que tengan o puedan tener efectos sobre los elementos del medio ambiente a que hace referencia el apartado a) supra (…)”.

Es, por ello, obligación esencial e insoslayable de la Administración informar sin límites, con amplitud, a los ciudadanos y en especial a organizaciones como la nuestra sobre 1) el estado de los elementos que definen el “medio ambiente” y 2) “las medidas administrativas, leyes, planes, programas,…” que pueden influir en el mismo, para 3) potenciar la participación política de ciudadanos y organizaciones en el seguimiento de su elaboración, tramitación, aprobación,...

Al incumplir burdamente la norma, despreciando de forma grosera y maliciosa lo acordado en Aarhus, tomándolo como un juego o, en el mejor caso, pretendiendo arrinconarlo como mera declaración de intenciones a beneficio de inventario, se está jugando con el futuro de todos y burlándose de nosotros para lucro de unos pocos. La eficacia obligatoria del Convenio, desarrollada en todas las normas comunitarias que regulan el planeamiento energético se centra en evitar que, como aquí se hace, con un confuso desarrollo burocrático de la norma se aleje al ciudadano del total conocimiento de cada actuación concreta, hurtándole la claridad que impone respecto a dos fundamentales, aspectos: acceso a la información y real participación.

La gravedad del incumplimiento respecto a la información y la participación ciudadana es, por sí solo, motivo más que suficiente para acordar, sin más trámites, la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado, por lo que no estimamos necesario entrar en los detalles del incumplimiento de la normativa dimanante del Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991, sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009, ni las Directivas Europeas de él emanadas, entre otras la 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, ni, por ello, de la normativa española y autonómica que lo desarrolla.

QUINTA.- Otras cuestiones.-

Pese a su gran importancia no hemos querido referirnos en este momento a otras cuestiones fundamentales -evaluación de impactos, daños medioambientales y en los ecosistemas, sinergias,...- por entender que las mismas son cuestión de análisis y oposición por diversas administraciones afectadas -Consejerías competentes, Ayuntamientos, propietarios afectados,...-, reservándonos la posibilidad, de ser necesario, de alegar al respecto en futuros trámites.

Por todo ello,

SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, se admita y, previamente a las más amplias que, de ser necesario, en el futuro podamos realizar, tenga por formuladas las anteriores ALEGACIONES y MANIFESTACIONES referidas al proyecto “Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por el que se somete al trámite de consulta pública el proyecto denominado «Interconexión eléctrica submarina España-Francia por el Golfo de Bizkaia» promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE), en relación al cual expresamos nuestra radical disconformidad y en concreto, interesamos se acuerde su nulidad y, en consecuencia el archivo definitivo de la solicitud, teniéndosenos por personados en el expediente y notificándosenos cuanto en él se acuerde.



En Bilbao a veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.

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